- Associated Press - Sunday, November 2, 2014

Como informante confidencial, Jorge Amaya estaba ansioso por complacer, explorando los traicioneros territorios fronterizos de EEUU-México en busca de pistas que pasar a los agentes del gobierno a los cuales reportaba. Pero cuando los pandilleros de la frontera le ordenaron dejar de actuar como soplón y desaparecer, se encontró atrapado entre dos fuerzas formidables: las despiadadas pandillas de narcotraficantes y la estricta política de inmigración en Estados Unidos.

Amaya se encuentra ahora en un centro de detención de inmigración en la Florida, preparándose para ser deportado y, según teme, asesinado en México.

“Me siento un poco estafado”, dijo acerca de cómo lo trataron los agentes del gobierno a los cuales reportaba. “Si yo estoy en peligro, o si mi familia está en peligro, ¿por qué no me pueden ayudar?”

Al escuchar la historia de Amaya durante su audiencia de deportación, el juez de inmigración de Miami Adam Opaciuch concluyó: “Ellos le dieron la mala”.

Amaya, de 36 años, de mediana estatura, cabello negro erizado y una barba que empieza a encanecer, habla incansablemente sobre cómo él dio detalles sobre contrabandistas de inmigrantes y narcotraficantes durante reuniones matutinas en estacionamientos de El Paso, Texas.

Por ser informante, Amaya, previamente un inmigrante indocumentado, fue autorizado a permanecer temporalmente en Estados Unidos, y recibió además un permiso de trabajo.

Pero los agentes a los cuales reportaba dijeron que no podían prometerle protección. Ellos dijeron además que él podría permanecer en el país sólo mientras estuviera brindándoles información útil.

Amaya no se preocupó, al menos en un inicio. “Al principio, yo no tuve que correr grandes riesgos”, recordó en una entrevista en el Centro de Detención del Condado Glades. El incluso firmó papeles aceptando las condiciones impuestas por los agentes a los cuales reportaba.

“Lo único que él quería era estar aquí con nosotros y trabajar”, dijo su novia Givliana Cestony, de 32 años, ciudadana estadounidense nacida y criada en el sur de la Florida. Ella dio a luz a la hija de Amaya hace pocas semanas, mientras él se encontraba detenido.

“Básicamente, ellos usaron a un inmigrante que estaba ayudando a Estados Unidos”.

Un funcionario federal familiarizado con el caso confirmó que Amaya había sido informante para Aduanas y Protección Fronteriza. Ninguna de las agencias de inmigración involucradas en el caso de Amaya quiso comentar al respecto.

Una década por debajo del radar

Amaya había vivido como inmigrante indocumentado por más de una década.

Sus problemas empezaron en el 2012, cuando lo pararon por una infracción del tráfico y lo deportaron. Cada vez que trató de regresar fue capturado. Estuvo encarcelado tres veces por volver a entrar de manera ilegal. (Entrar de regreso al país sin permiso tras la deportación es un delito de mayor cuantía.)

La última vez que Amaya fue capturado, los agentes de patrulla fronteriza le hicieron muchas preguntas sobre los contrabandistas de inmigrantes que lo habían entrado. El las respondió. Se sentía frustrado con respecto a los contrabandistas, que lo mantenían en cautiverio durante más de un mes, con hasta 50 inmigrantes cada vez, y dejaban que lo atraparan cuando finalmente cruzaba.

“Me pareció una buena idea, especialmente si estaba ayudando a detener a gente que estaban en realidad robando a personas necesitadas”, dijo Amaya al juez.

Con la autorización que recibió de Aduanas y Protección Fronteriza - llamada parole humanitario - más un permiso de trabajo y una tarjeta de Seguridad Social, Amaya pudo finalmente llevar una vida normal, por encima del radar. El trabajaba como cocinero en un restaurante mexicano de El Paso, vivía con su novia y se reunía con los agentes a los cuales reportaba una vez a la semana. En sus días libres, podía cruzar libremente la frontera a su nativa Ciudad Juárez, a visitar a su familia y buscar información para los agentes a los cuales reportaba.

Con la inteligencia que Amaya les brindaba, ayudó a las autoridades a capturar a uno de sus contrabandistas de inmigrantes, el cual se declaró culpable.

Pero Amaya fue víctima de su propio fervor. Los agentes a los cuales reportaba le preguntaban sobre contrabandistas de inmigrantes, pero él empezó por su propia cuenta a darles información sobre vendedores de droga y narcotraficantes.

El avisó a los agentes a los cuales reportaba de un almacén en Oklahoma que La Línea de Juárez, parte del Cartel de Juárez, estaba planeando usar para almacenar y distribuir drogas.

En mensajes de texto que Amaya enviaba a los agentes a los cuales reportaba, él buscaba su aprobación y sus opiniones.

“Tengo una pregunta”, escribió en abril, “aparte de las drogas, qué será lo más útil que yo pueda seguir”.

El enviaba partes frecuentes y detallados sobre personas o artículos de interés.

“¿Por qué seguí?”, dijo, reflexionando en la experiencia en el centro de detención. “Ellos me dijeron que siempre y cuando yo les diera [información] poquito a poquito, podríamos seguir”.

Cuando llegó el verano, contó, él empezó a pasarles información sobre un pariente de Rafael Caro Quintero, un capo de la droga que fue convicto en el asesinato en 1985 de un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Luego de más de dos décadas en una cárcel mexicana, Caro Quintero consiguió que se anulara su condena por un tecnicismo. Puesto en libertad el año pasado, él es buscado por el gobierno de EEUU, y hay una recompensa de $5 millones por su cabeza.

El pariente venía a menudo al restaurante donde él trabajaba, dijo Amaya. Durante una transmisión de la Copa Mundial a la que asistió el pariente, Amaya texteó a los agentes a los cuales reportaba desde el restaurante, describiendo el aspecto del hombre y lo que llevaba puesto.

Dos semanas después, mientras caminaba a su casa desde el trabajo, tres hombres de cabeza afeitada con tatuajes de pandilleros, miembros de la temida Barrio Azteca - una patrulla de la frontera aliada con el Cartel de Juárez - lo metieron a la fuerza en un Ford F-150 y le apuntaron con sus armas. Ellos trabajaban para Caro Quintero, dijeron. Amaya dijo que ellos sabían dónde él vivía en El Paso, y dónde vivía su madre. Ellos sabían además de su novia embarazada y de la hija de 14 años de su novia.

Ellos le ordenaron que dejara de informar o lo iban a matar, a él y a su familia, dijo Amaya.

El estaba todavía temblando cuando llegó a su casa y le dijo a su novia lo que había sucedido.

Al día siguiente, él estaba en camino a la Florida, donde vive la familia de su novia. “Estoy muy asustado”, texteó a uno de los agentes a los cuales reportaba. El mencionó que su novia estaba en estado. “No quiero que a ella le pase nada. No sé qué hacer, estoy muy asustado. Lo siento, los contactaré más tarde”.

Cuando no hubo respuesta, él apagó su teléfono y lo dejó apagado durante un par de semanas. Los pandilleros tenían su número de teléfono, y él no quería que lo rastrearan.

En la Florida, él se puso a vivir en el apartamento de la familia de su novia y empezó a trabajar como cocinero en un restaurante de Brickell.

Detenido

La próxima vez que él habló con uno de los agentes a los cuales reportaba, fue desde el centro de detención de inmigración.

Después de alrededor de un mes de su llegada a la Florida, cuando se preparaba a llevar a su novia a un turno médico relacionado con su embarazo, fue arrestado por agentes de inmigración.

El permiso humanitario de Amaya había sido revocado. El permiso expiraba en mayo del 2015.

En el teléfono, la agente estaba disgustada con Amaya, diciendo que nunca había recibido su mensaje. Ella dijo que él se había aprovechado de su acuerdo, contó Amaya.

“¿Cómo me voy a aprovechar, si ya yo tenía lo que quería en El Paso?”, dijo Amaya.

“Yo iba a Juárez cada vez que quería, estaba trabajando legalmente, podía declarar mis impuestos legalmente, podía hacer crédito, yo tenía todas las cosas por las que había pasado tanto tiempo luchando y no había podido conseguir. ¿Por qué iba a echarlo todo por la borda sólo para venir a Miami?”

Al ser contactada por el Miami Herald, la agente no quiso comentar al respecto. El otro agente al cual él se reportaba no pudo ser contactado.

Ninguna de las agencias de inmigración involucradas en el caso de Amaya - todas bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Interna (DHS) - quiso discutir la revocación de su parole. Ellos remitieron todas las preguntas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la rama policial del DHS.

“ICE arrestó a Jorge Amaya el 12 de agosto debido a su presencia ilícita en Estados Unidos”, escribió en un correo electrónico Nestor Yglesias, vocero de ICE. “El señor Amaya, ciudadano de México, ha sido extraído previamente de Estados Unidos cinco veces y ha sido convicto de entrada ilícita de regreso a Estados Unidos tres veces”.

Amaya piensa que pudieron encontrarlo tan pronto en la Florida porque, cuando envió una transferencia de dinero para pagar una deuda en El Paso, él usó el número de Seguridad Social que le habían dado cuando trabajaba como informante.

El veterano abogado de inmigración Ira Kurzban dijo que él veía “muchos casos de este tipo”.

“Ellos les pueden arrebatar el parole cuando se les ocurra. Es como ser un tirititero y tener a la marioneta agarrada de las cuerdas”, dijo.

Robert Sheldon, el abogado de inmigración de Amaya, dijo que Amaya estaba siendo tratado como si fuera “completamente desechable”. Sheldon agregó, “si no pueden usarlo, usarán a otro”.

Dados cargados

En las audiencias de deportación, bajo las arcaicas reglas de inmigración, Amaya tiene que probar que ha sufrido persecución en el pasado o que tiene temores “bien fundados” de sufrir persecución en el futuro basada en la raza, religión, nacionalidad, opinión política o por ser miembro de un grupo social particular. O tendría que probar que, que a su regreso a México, sería torturado por las autoridades mexicanas o con el consentimiento de una autoridad pública mexicana.

Eso es difícil de lograr

A pesar de la violencia endémica en México. a pocos mexicanos los jueces les conceden asilo, según datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia, que supervisa las cortes de inmigración en el país.

Los jueces de Inmigración tienen “una tremenda ignorancia sobre las realidades de México”, afirma Carlos Spector, abogado de inmigración y activista de el Paso.

Las llamadas a la oficina del juez Opiaciuch fueron remitidas a la oficina de prensa de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración. Una vocera dijo que no podía hacer comentarios sobre las decisiones de los jueces.

“Los jueces tienen una discreción extremadamente limitada en las audiencias de deportación”, dijo Dana Leigh Marks, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración. “Creo que eso es algo que muchas personas del público no comprenden porque creen que si uno es juez entonces tiene tremenda autoridad y poder”.

En sus consideraciones finales, el juez Opaciuch también destacó que “la extensa historia de violaciones migratorias de Amaya” hacen difícil ejercer la discreción en este caso.

La jueza Marks y la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración han abogado para que se les confiera más “discreción general, humanitaria” a los jueces de inmigración a nivel de base.

“El sistema tiene algunos casos realmente dolorosos en los cuales los jueces carecen de herramientas para resolverlos”, afirmó.

La jueza Marks dijo que no puede comentar sobre este caso particular, pero que ha visto otros similares en su carrera como jueza de casi 35 años.

“Hay varias cosas que el DHS pudiera haber hecho. La primera es darle una visa S, o pudieran haber ejercido su discreción para no presentar acusaciones en su contra”.

La visa “S” se le otorga a personas que han colaborado con las autoridades como informantes o como testigos. En el año fiscal 2013 solamente se otorgaron 29 visas S, de acuerdo con los datos del DHS. Hay un tope anual de 200 visas S para personas que han dado información sobre organizaciones criminales y 50 visas S para los que han facilitado información sobre el terrorismo.

La lección del caso Amaya, dice el juez Opaciuch en la audiencia de deportación, es que cuando se trabaja como informante para el gobierno, se hace a propio riesgo. “No le van a cubrir las espaldas”, afirmó.

Amaya, quien desde entonces ha sido transferido a un centro de detención cerca de Jacksonville, está apelando la orden de deportación. Si no tiene éxito, afirma Amaya, consideraría buscar asilo en otro país, como Canadá o España. Amaya asegura que no puede regresar a México.

“¿Cuánto sobreviviría allí?” dijo. “Ellos pueden torturar, pueden matar, pueden decapitar. No tienen límites”.

©2014 El Nuevo Herald (Miami)

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