- Associated Press - Sunday, January 4, 2015

Un juez de cuidado de menores de edad de Miami acusó al estado de denegarle tratamiento psiquiátrico necesario a niños abusados y desatendidos que están bajo su protección, y le ordenó a funcionarios del servicio social de la Florida social que comparezcan ante él y expliquen por qué “no es su tarea” ayudar a niños adoptivos enfermos.

La enérgica orden que dio el juez de Circuito Miami-Dade Michael Hanzman tiene que ver con el caso de dos hermanos, identificados solamente como L.S. y D.S, que están bajo cuidado estatal tras haber sido sacados de la casa donde vivían con sus padres. Aunque Hanzman le ordenó al Departamento de Niños y Familias (DCF) que mandara a ambos a una instalación de salud mental para recibir tratamiento, los hermanos siguen sin recibir ninguno.

“Las órdenes de esta corte se ignoran frecuentemente, y a los niños con grandes necesidades se les niega un cuidado que es esencial”, escribió Hanzman en la orden con fecha del 29 de diciembre.

La orden del juez se emite en un momento en que el DCF y sus funcionarios están en una situación delicada: la noche de Añoviejo, un juez de una corte federal de apelaciones en Miami emitió una orden igualmente dura donde decía que el estado sistemáticamente, y durante muchos años, ha limitado el cuidado para niños pobres e incapacitados bajo el programa del Medicaid. No darle un cuidado de la salud adecuado a niños que lo necesitan, escribió el juez, viola las leyes federales.

El juez de Circuito Adalberto Jordán, que fue asignado al caso hace casi una década cuando pertenecía al banquillo de la Corte de Distrito, escribió que al negarse a utilizar suficiente dinero para satisfacer las necesidades médicas de los niños, el Medicaid se vio obligado a pagarles a pediatras y especialistas salarios por debajo del mercado, lo que alejó a la mayoría de los médicos de la aseguradora. Debido a ello, los niños en áreas rurales a veces tienen que desplazarse largas distancias o esperar meses para recibir atención facultativa.

Las órdenes siguen esperando en una larga línea de notificaciones similares. En el 2012, otro juez federal juez en Miami le ordenó la Agencia de Administración del Cuidado de Salud (AHCA) que pagara por la terapia que altera potencialmente la vida de niños con autismo, calificando como “vergonzosa” la afirmación de la agencia que “los análisis de comportamiento” eran un tratamiento experimental.

Hablando a nombre de las dos agencias que aparecen mencionadas en la orden, Alexis Lambert, director de comunicaciones del DCF, dijo que el estado no discutirá en detalle el caso de los dos niños, ni tampoco las circunstancias, ya que se trata de algo confidencial bajo las leyes estatales.

“EL DCF y la Agency for Health Care Administration trabajan juntas para segurar que los niños tengan acceso y reciban el cuidado mental de salud que necesitan para recuperarse del trauma que han debido pasar”, agregó Lambert.

Hanzman les ordenó a los representantes de DCF y AHCA que comparecieran en la corte el próximo 25 de enero, y le explicaran por escrito por qué el estado carece de camas de tratamiento para niños adoptivos con problemas mentales. El juez también quiere saber cuántos niños están en listas de espera para las camas que las agencias tienen aseguradas. Hanzman le ordenó al DCF que les entregue a funcionarios del AHCA una citación, exigiéndoles aparecer en corte, si la agencia “sigue insistiendo que no es su obligación participar en estos procedimientos”.

D.S. tiene 10 años, y su hermano, L.S., es un año mayor. D.S. ha sido llevado de forma involuntaria para cuidado psiquiátrico bajo la ley estatal Baker Act nueve veces desde que Hanzman ordenó que el niño debía ser admitido en un centro de tratamiento “equipado para atender sus severas necesidades de salud mental”, escribió el juez en un documento. El niño vive en un refugio que administra la Sociedad de Hogares Infantiles. La orden de cinco páginas ofrece pocos detalles adicionales sobre los menores.

En una audiencia celebrada el 22 de diciembre, Hanzman ordenó que los dos niños fueran enviados a recibir tratamiento a St. Augustine Youth Services (SAYS), un centro sin fines de lucro de cuidados psiquiátricos ubicado en el Condado St. Johns, al sur de Jacksonville. La madre de los niños, que tiene problemas económicos y de salud, no pudo cumplir con una de las demandas del programa: viajar a St. Augustine desde Miami-Dade dos veces al mes para participar en el tratamiento de los niños, Hanzman escribió.

En su lugar, Hanzman escribió, la madre dijo que podía acudir una vez al mes, y participar en la terapia el resto de las otras ocasiones a través de Skype, el programa de conferencias por computadora. Hanzman estuvo de acuerdo con la propuesta. Sin embargo, SAYS dijo que no estaba de acuerdo. “A pesar del hecho de que recibe la mayor parte de los referidos de agencias estatales, la instalación no cree sentirse obligada a acatar la orden de la Corte, y por consiguiente se niega a aceptar a los niños”, escribió el juez.

Schuyler Siefker, directora ejecutiva del centro, no quiso discutir el caso, tras mencionar la confidencialidad del sistema estatal de cuidado infantil. Siefker dijo: “Para que los niños tengan éxito en el programa, sus padres tienen que participar”.

En la audiencia del 22 de diciembre, Hanzman le ordenó al DCF que hallara otra instalación “apropiada” para ambos niños en un plazo de 48 horas, pero el DCF dijo que no cumpliría la orden. “Como resultado”, escribió Hanzman, “las necesidades mentales de estos niños no están siendo atendidas de la forma adecuada, y la condición de los dos se está deteriorando”.

En el pasado, diferentes funcionarios del DCF han culpado del problema a la agencia hermana, AHCA, argumentando que la labor de AHCA es encontrar espacios en los centros de cuidados psiquiátricos, y firmar contratos con sus dueños, escribió Hanzman. “Comoquiera que AHCA no pudo asegurar un número suficiente de instalaciones de tratamiento, no hay espacio en otros lugares, una desafortunada circunstancia que según dice el DCF escapa a su control”.

Por su parte, la AHCA dijo que, como la agencia no está directamente bajo la jurisdicción de jueces estatales, Hanzman no tiene autoridad para ordenar hacer nada, escribió el juez.

“Mientras estas dos agencias estatales se culpan una a la otra”, escribió el juez, “los niños con necesidades mentales graves continúan sin tratamiento” y por lo tanto empeoran.

Fran Allegra, ex directora ejecutiva de la agencia privada de cuidado infantil Our Kids, con sede en Miami-Dade, que en la actualidad dirige la escuela SEED, una institución preparatoria para niños que están en el sistema de Bienestar Social, elogió la decisión de Hanzman.

“Las agencias estatales no han dejado de darle a esta familia y a las cortes evasivas burocráticas, un juego en el que el estado floridano se ha convertido en un experto”, dijo. “Demoras innecesarias de tratamientos urgentes como este dañan a los niños y a la familia. Al final, todos terminamos pagando por los niños que languidecen bajo cuidado estatal”.

©2015 El Nuevo Herald (Miami)

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