- Associated Press - Saturday, June 6, 2015

El intenso dolor que dos familias hondureñas sufren actualmente en Miami ilustra las desesperadas razones por las que muchos inmigrantes indocumentados siguen llegando a Estados Unidos, a pesar de los riesgos, los costos y la creciente amenaza de encarar procesos penales.

En un primer caso, Jesús Alberto Nuñez huyó de Honduras a Estados Unidos el año pasado después de que su joven esposa fuera asesinada por pandilleros que también lo amenazaron a él. Ahora Nuñez está preparando una solicitud de asilo para la corte de inmigración.

En el segundo caso, Mario Alcerro enfrenta de nuevo la deportación, después de regresar ilegalmente en el 2011 de Honduras, donde sus hijos recibieron amenazas por parte de pandilleros. Alcerro se declaró recientemente culpable en la Corte Federal de regresar al país ilegalmente y fue entregado a las autoridades de inmigración para su deportación después de haber sido condenado por un juez federal a tiempo cumplido.

“Los inmigrantes deportados retornan porque están desesperados por regresar a sus familias, sus negocios o propiedades, para reconstruir vidas que resultaron destrozadas cuando fueron expulsados”, dijo Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña Francisco Morazán, grupo que defiende los derechos de los inmigrantes.

La presentación de cargos criminales contra inmigrantes indocumentados que regresan al país luego de ser previamente deportados y el enjuiciamiento en cortes federales de inmigrantes que cruzan la frontera de manera ilegal se está convirtiendo en un asunto de interés nacional. Un informe publicado en mayo por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna (DHS) acusó a la Patrulla Fronteriza de no ser capaz de impedir el regreso de extranjeros deportados con estrategias actuales y de no permitir que algunos de estos inmigrantes puedan solicitar asilo u otras formas de protección contra la persecución en sus países.

Human Rights Watch, una organización de renombre internacional que denuncia abusos a los derechos humanos en todo el mundo, dijo en un comunicado que el informe confirma sus conclusiones de que la Patrulla Fronteriza no está rastreando adecuadamente los regresos de deportados y que en algunos casos bloquea las posibles solicitudes de asilo por parte de indocumentados.

“Los enjuiciamientos fronterizos a menudo violan los derechos de los inmigrantes que tienen de pedir asilo, de preservar la unidad familiar, y del debido proceso”, según el comunicado de Human Rights Watch. “El nuevo informe ahora confirma nuestras propias conclusiones: que el gobierno de Estados Unidos no tiene idea de si los enjuiciamientos de quienes cruzan la frontera en realidad los desalienta a cruzar de nuevo”.

AUMENTAN PROCESOS PENALES CONTRA INMIGRANTES YA DEPORTADOS

El informe también confirma las conclusiones de una evaluación reciente de el Nuevo Herald de que la política oficial de deportar un gran número de inmigrantes indocumentados anualmente no está funcionando.

Por ejemplo, en el año fiscal 2012, por lo menos 409,849 inmigrantes indocumentados fueron deportados, pero tres años más tarde una cifra similar de deportados había regresado ilegalmente, según mostró el análisis de el Nuevo Herald de cifras oficiales de expulsiones y retornos.

El análisis de el Nuevo Herald se basó en parte en un examen de cifras que muestran el aumento de los procesos penales contra inmigrantes previamente deportados. En el año fiscal 2013, por ejemplo, los casos criminales de reentrada constituyeron un 83.3 por ciento de todos los delitos de inmigración presentados contra inmigrantes en los tribunales federales

Si bien el aumento en los casos penales no ha sido tan evidente en el sur de la Florida, donde hubo 314 procesamientos en el 2013 contra 317 en el 2014, en los estados a lo largo de la frontera con México el aumento de enjuiciamientos por regreso ha sido dramático, de acuerdo con las cifras analizadas por el Nuevo Herald.

Texas se encontraba a la cabeza con 7,053 casos, seguido de Nuevo México con 2,837, Arizona con 2,387 y el sur de California con 1,460.

El informe de DHS contiene cifras mucho más altas, ya que incluye todas los casos que la Patrulla Fronteriza refirió a los fiscales federales de los inmigrantes indocumentados detenidos, no sólo los que habían sido deportados previamente.

Por ejemplo, dice el informe, la Patrulla Fronteriza envió a los fiscales para que fueran procesados penalmente en el año fiscal 2013, 46,693 casos de inmigrantes indocumentados –un aumento del 5.4 por ciento sobre el 2012.

LA VIOLENCIA LOS OBLIGA A REGRESAR

El enjuiciamiento de Alcerro en Miami por regresar ilegalmente después de haber sido deportado, es solo el más reciente de una serie de casos similares en el tribunal federal.

Alcerro fue detenido por primera vez por funcionarios de inmigración y deportado en el 2010. Luego su esposa, Karla Hernández, y sus dos primeros hijos nacidos en Miami, Carlos Mario y Karolay, viajaron a Honduras para reunirse con Alcerro.

Alcerro llegó por primera vez a Estados Unidos en 1998. Hernández vino en 1999. Gradualmente, la pareja organizó el negocio de fabricación de mostradores de cocina. Tuvo tres hijos nacidos en Estados Unidos: Carlos Mario, de 15 años; Karolay, de 12, y Mariano de 3.

Una infracción de tránsito en el 2010 dio lugar al primer arresto de Alcerro por conducir sin licencia. Luego fue deportado por no tener papeles migratorios.

Hernández y los dos primeros hijos de la pareja abandonaron Estados Unidos en el 2011 y viajaron a Honduras a reunirse con Alcerro. Pero los episodios de violencia de las bandas criminales obligaron a la pareja a regresar a Estados Unidos.

La pareja viajó en avión a la Ciudad de México y luego en autobús a la frontera. Cruzaron el Río Bravo en una pequeña balsa y entraron a Laredo.

Finalmente la pareja llegó a Miami y restableció el negocio de mostradores de cocina.

La familia reanudó su rutina normal hasta que Alcerro, de 36 años, fue detenido de nuevo por las autoridades de inmigración este año. Ahora está recluido en el centro de detención para inmigrantes en Krome, según la familia.

Pero Hernández le dijo a el Nuevo Herald el miércoles que el abogado de su esposo está preparando una solicitud de asilo y otras protecciones para evitar la deportación de Alcerro.

“Estamos seguros de que va a ser capaz de evitar la deportación”, dijo Hernández.

El que también se prepara para solicitar asilo es Nuñez, quien huyó de Honduras después de que su esposa, Paola Sarahí Mejía Rodríguez, fuera asesinada. La joven de 18 años fue asesinada en julio del 2011 después de que presuntamente fue testigo del secuestro de dos niños por miembros de pandillas en Tegucigalpa, la capital hondureña.

“Recibí amenazas después del asesinato de mi esposa y tuve que huir”, dijo Núñez, de 22 años.

Núñez cruzó la frontera mexicana cerca de McAllen, Texas, donde las autoridades de inmigración lo arrestaron y lo retuvieron durante un mes. Fue puesto en libertad después de que se comprometió a presentarse ante la corte de inmigración para una audiencia en Los Ángeles prevista para noviembre.

Siga a Alfonso Chardy en Twitter: @AlfonsoChardy

2012- 409,849 inmigrantes indocumentados fueron deportados. Tres años más tarde una cifra similar había regresado ilegalmente

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