- Associated Press - Monday, December 8, 2014

Cada vez que un grupo de personas de la tercera edad se sentaba a jugar dominó en el centro de recreación de Sweetwater, la ciudad reportaba esa actividad cotidiana como un evento que debía ser pagado por subsidios estatales o federales.

Entre el 2007 y el 2013 la ciudad facturó en exceso aproximadamente $346,000 por juegos de mesa, de acuerdo con el reporte de una auditoria estatal sobre el uso de los subsidios destinados a servicios para las personas mayores presentado en semanas recientes.

“Las actividades como juegos de ajedrez y dominó no eran reembolsables ya que los artículos ya habían sido comprados y estaban disponibles para ser usados”, dice el reporte de la oficina del Inspector General de la Florida.

Sin embargo, la administración municipal logró cobrar durante años unos $73 por cada juego por día, sin que estos gastos inapropiados fueran captados por la agencia local Alliance for Aging, que monitoreaba los subsidios.

Pero con el dinero de la comida de los ancianos, hubo gastos que se pueden considerar incluso más alarmantes, como los $97,000 en compra de lujosas camionetas que terminaron siendo conducidas por la esposa y por la comadre del ex alcalde de Sweetwater Manuel “Manny” Maroño.

La compra de los vehículos con dinero de la comida de las personas mayores fue revelada a principios de este año por la reportera Erika Carrillo, del noticiero de América Tevé, Canal 41. De acuerdo con el reporte de la auditoría, “[Carrillo] contactó a Alliance for Aging, alegando que los fondos de los subsidios del Departamento de Asuntos para Ancianos asignados a la Ciudad de Sweetwater, estaban siendo malgastados en compras de vehículos para uso de la ciudad”.

“Nuestra reacción inicial fue de espanto”, dijo Max Rothman, presidente de la organización sin fines de lucro Alliance for Aging. “No podíamos imaginarnos que una ciudad fuera a utilizar los fondos claramente asignados para los ancianos, en gastos tan alejados al propósito de esos subsidios”.

EXPANDEN LA INVESTIGACIÓN

Tras la queja, Alliance contactó a las autoridades estatales, quienes ampliaron una investigación, y finalmente determinaron que entre los años 2006 y 2013 el municipio “utilizó de manera inapropiada” unos $986,000 en fondos federales y estatales.

El caso del dinero del comedor es uno de una serie de presuntas irregularidades destapadas el año pasado, luego de que Maroño, quien fue alcalde por casi una década, fuera arrestado por el FBI en agosto en un caso separado de corrupción pública. Hoy el ex alcalde paga una condena de tres años.

El uso inapropiado de los subsidios ahora podría costarle casi un millón de dólares a los contribuyentes de la ciudad.

Alliance, la agencia encargada del contrato y monitoreo de los subsidios, ha retenido desde enero unos $700,000 que Sweetwater debía recibir este año, y la ciudad ha tenido que pagar con fondos municipales los servicios brindados a las personas mayores. Rothman y la directora de contratos de Alliance Barbara Suárez dijeron que mantendrán el dinero y podrían cobrar miles de dólares más a la municipalidad para completar los $986,000 utilizados de manera inapropiada.

Pero el alcalde José M. Díaz considera que el cobro es injusto ya que, según él, la agencia no hizo su trabajo.

“La culpa es también de Alliance porque no supo cuidar cada dólar”, dijo Díaz, cuya administración tiene plazo hasta el miércoles para responder a los resultados de la auditoría. “Creo que es injusto pagarle a una agencia que por años dijo que todo estaba perfecto, eso da un indicio de que no había supervisión”.

“Si se determina que estamos obligados a devolver el dinero, creo que deben negociar con nosotros y permitirnos hacer un plan de pagos, porque no puede ser que paguemos de un golpe un gasto que tomó años”, agregó Díaz, quien fue comisionado por 12 años antes de ocupar la alcaldía tras el arresto de Maroño.

La Ciudad también depositó en una misma cuenta fondos de subvenciones estatales y federales, lo que dificultaba determinar si el dinero estaba siendo utilizado apropiadamente.

Entre los gastos inapropiados o prohibidos que hizo Sweetwater están:

? $240,858 en sobrefacturación de comidas.

? $207,979 en pagos administrativos y algunos bonos que terminaron en manos de empleados cercanos al ex alcalde, como su esposa y su comadre.

? Jennifer Muñoz-Maroño y Johanna Rubio recibieron bonos por $6,500 y $6,000 respectivamente, y además terminaron conduciendo los vehículos último modelo que se compraron con $97,356 de la comida de los mayores.

CAMIONETAS DE LUJO

Muñoz-Maroño, antigua directora de Proyectos Especiales y quien de acuerdo con la auditoria tomaba las decisiones financieras del centro de ancianos, adquirió una camioneta Ford Explorer que después cambió por una Chevrolet Tahoe 2014. Rubio, la directora de Recursos Humanos, condujo un Ford Focus que después también fue cambiado por una Chevrolet Tahoe 2014.

Durante una entrevista con un auditor, Muñoz-Maroño dijo que no sabía que necesitaba la aprobación del Alliance para comprar equipos, como los vehículos. También explicó que el ex alcalde Maroño, su marido, fue quien ordenó comprar las camionetas, aunque en el reporte nunca se menciona el nombre del ex funcionario.

De acuerdo con el reporte, Muñoz-Maroño respondió que “el alcalde anterior tomó la decisión de comprar las dos Tahoes porque aparentemente habían fondos disponibles”.

“Una vez que la decisión fue tomada… el alcalde fue a la Comisión de la Ciudad que dio la aprobación final”.

Sin embargo, el reporte del auditor no especifica que Muñoz-Maroño ya estaba manejando su camioneta Tahoe cuando la propuesta de comprarla se llevó ante la Comisión.

Las facturas de compra de los vehículos tienen fecha del 24 de julio del 2013. Dos semanas después Manny Maroño fue arrestado por el FBI, y el nuevo alcalde presentó un pedido ante los comisionados para aprobar la compra el 6 de septiembre.

“Jennifer [Muñoz-Maroño] pidió la Tahoe blanca porque necesitaba un vehículo con un baúl espacioso. Ella utilizaba la Tahoe para transportar suministros al centro de ancianos”, según el reporte.

Por su parte, a su comadre Rubio le fue asignada la Tahoe negra porque como directora de Recursos Humanos “ella hacia la nómina del centro y daba entrenamiento a empleados del centro”.

De acuerdo con la nómina municipal, el centro tiene siete empleados. Tras el reporte de la compra de las camionetas el alcalde Díaz le retiró el vehículo a Rubio. Muñoz-Maroño más tarde fue transferida a otro departamento y ya no conduce la camioneta blanca.

USO DE FONDOS

Varios empleados de Sweetwater que fueron entrevistados por auditores, incluyendo a Muñoz-Maroño, dijeron que las reglas sobre el empleo de los fondos de los subsidios no estaban muy claras.

Robert Herrada, quien es oficialmente el director del Centro para Ancianos Claude y Mildred Pepper, aseguró que en la práctica no tomaba las decisiones sobre los gastos del comedor, añadiendo que el monitoreo del Alliance permitió en parte que ocurrieran las irregularidades.

“Hubo ausencia completa de ellos [Alliance]. Solo venían una vez al año”, dijo Herrada a el Nuevo Herald. “Alliance tenía todo suelto, no había comunicación, no había una fiscalización profunda”.

Sin embargo Suárez, la supervisora de contratos de Alliance, dijo que la agencia utiliza el sistema de monitoreo estándar del estado de Florida, que solamente exige una muestra de tres meses de gastos por año. Además, Suárez dijo que los reportes de presupuesto no se revisan gasto por gasto y que habría sido prácticamente imposible detectar las compras de los vehículos, ya que la administración de Sweetwater nunca divulgó esa información a la agencia.

“La compra de esos vehículos no era permitida. De hecho, cualquier superávit debió ser reportado [a Alliance]”, dijo Suárez, cuya agencia supervisa más de 30 contratos en los condados Miami-Dade y Monroe.

El encargado de monitorear los contratos era Carlos Lahitte, quien ya no trabaja para Alliance. Según el reporte estatal, los auditores de la Oficina del Inspector General no pudieron localizar a Lahitte durante el transcurso de la investigación de casi un año. Sin embargo, el canal America Teve entrevistó al ex empleado de la agencia, quien criticó la falta de tiempo y empleados para fiscalizar los contratos.

“Tendría que haber mucho más control de cómo se usan los fondos federales y estatales”, dijo Lahitte al noticiero.

El reporte del Inspector General menciona la contratación de una firma de auditoria forense y la necesidad de preservar evidencia para un posible caso de fraude. Sin embargo, no queda claro si el caso fue referido a una agencia de investigación criminal.

Una representante de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de la Florida dijo en un correo electrónico que no podía confirmar o negar la existencia de una investigación acerca de este asunto.

Aunque parte del dinero fue utilizado en compras y bonos, el reporte no especifica cómo se gastó o en dónde terminó el resto del dinero que se cobró de más por las comidas o los juegos de billar, ajedrez y dominó.

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©2014 El Nuevo Herald (Miami)

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