- Associated Press - Saturday, November 22, 2014

Hacia el final del discurso del Presidente la noche del jueves, las esperanzas de Rosana Araujo ya se habían desvanecido.

“Pensé que por fin iba a poder salir de las sombras, pero no”, dijo Araujo, una inmigrante uruguaya que ha vivido en Hialeah por casi 13 años. “No podía parar de llorar”.

Los cambios a la política migratoria de Estados Unidos anunciados por el presidente Barack Obama ––que serán implementados el año próximo–– ayudarían a evitar la deportación de unos cinco millones de inmigrantes indocumentados. Pero la nueva medida deja en un limbo legal a Araujo y a su familia, y a casi siete millones de personas que viven en el país sin documentos apropiados. El jueves, tras esperar horas por el discurso, muchos de ellos entendieron que aún corren el riesgo de ser detenidos y deportados a sus países de origen.

Alrededor de un 60 por ciento de los casi 925,000 indocumentados que residen en el estado de la Florida no calificarían para beneficiarse de la orden ejecutiva.

Araujo, su esposo Yamandú Champone y su hijo Damián inmigraron desde Uruguay en el 2002, poco antes de que el chico cumpliera un año de edad. Con tan solo 13, Damián no califica aún para acogerse a DACA –– una protección temporal de la deportación aprobada por Obama en el 2012 para los dreamers, los jóvenes que fueron traídos al país ilegalmente cuando eran menores de edad.

Obama anunció que el limite de edad de 31 años ya no será un requisito para solicitar la protección bajo DACA. Pero la edad para acogerse a la protección continúa siendo 16 años.

“No nos beneficiamos de ninguna manera”, lamentó Araujo, quien hasta hace poco trabajaba cargando cajas en un almacén y cuyo esposo es propietario de un pequeño negocio de instalación de superficies de granito, y da empleo a otras personas.

La familia ha vivido en el mismo humilde apartamento de un cuarto en el oeste de Hialeah desde que llegó al país. Araujo dijo que cada año han presentado sus declaraciones de impuestos.

“Hemos sido ciudadanos ejemplares sin ciudadanía”, opinó. “Y aún así seguiremos viviendo con miedo”.

Marcela Ibaceta también lloró al escuchar las palabras del Presidente. Pero sus lágrimas eran de alegría.

Ibaceta, una inmigrante argentina que reside en un parque de casas móviles en Miramar junto a su esposo Mario Rojas y a sus tres hijas, llegó al país hace 14 años.

Dos de sus hijas, Erika, de 21 años y Florencia, de 18, son indocumentadas y están protegidas por DACA. Pero Débora, de seis años, nació en Estados Unidos, por lo cual Ibaceta y Rojas califican para la protección de la deportación anunciada por Obama.

De acuerdo con la medida, los padres de ciudadanos estadounidenses o residentes legales estarán protegidos de la deportación por al menos tres años, independientemente de si los hijos son menores de edad. También podrán obtener permisos de trabajo y licencias de conducir.

Para calificar los padres deben haber vivido en el país por al menos cinco años y someterse a una verificación de sus antecedentes delictivos. Además deberán pagar una tarifa que se anunciará próximamente y ponerse al día con sus declaraciones de impuestos.

“Estábamos todos escuchando el discurso del presidente y cuando terminó, no sabíamos qué hacer, nos miramos a las caras, nos abrazamos y nos salieron las lágrimas”, contó Ibaceta, quien padece de lupus y tiene que viajar frecuentemente al hospital. “Esto es más que un alivio. Ahora podremos manejar tranquilos por las calles sin tener que cuidarnos como si fuéramos delincuentes”.

Ibaceta tiene la esperanza de que con un permiso de trabajo ella y su marido logren conseguir un empleo estable, que les permita enviar a sus hijas a una universidad local.

La decisión del presidente ha sido criticada duramente por miembros del Partido Republicano, quienes cuestionan que Obama haya actuado mediante ordenes ejecutivas, de manera que algunos llaman inconstitucional. El Presidente, por su parte, retó a los legisladores republicanos a plantear y aprobar una reforma integral.

Algunos activistas a favor de los indocumentados, y familias que no serán beneficiadas por la nueva política han criticado a Obama por no haberse arriesgado más, e incluido a los padres de los dreamers en las protecciones temporales.

El viernes por la tarde durante un discurso en Las Vegas, Obama trató de explicar que una medida de protección más amplia –como una reforma a las leyes– solo podría ser adoptada con el apoyo del Congreso, cuando un joven lo interrumpió gritando, “¡Sí se puede!”. Un grupo del público se unió al cántico.

Claudio Rojas, un indocumentado argentino residente en Miramar que en el 2012 acaparó la atención de los medios nacionales tras llevar a cabo huelgas de hambre dentro de un centro de detención en Broward y eventualmente lograr su liberación, se hace eco de esas críticas.

“Estaba esperando algo más, me quedé frío porque mi esposa estaba muy esperanzada, ya que ella no tiene nada”, dijo Rojas, quien llegó al país con una visa de turista en el 2000, tiene dos hijos protegidos por DACA y cuenta con un permiso de trabajo que obtuvo tras su liberación.

“Pensé que nos ayudaría a todos. Yo por ejemplo aún tengo una orden de deportación y esperaba que me ayudara con eso”.

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©2014 El Nuevo Herald (Miami)

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