- Associated Press - Saturday, October 18, 2014

Como miembro de la junta escolar del Condado Miami-Dade, Carlos Curbelo ha dado su voto por medidas de política educativa y contratos escolares durante cuatro años. Ahora que se ha postulado para un escaño congresual, él tendrá voz y voto en decisiones gubernamentales de mucho mayor alcance.

Durante la mayor parte de ese tiempo, Curbelo ha estado ganando un sueldo de seis cifras por representar a clientes del gobierno y de relaciones públicas.

Pero el candidato republicano se niega a divulgar quiénes son sus clientes.

Algunos de ellos son candidatos políticos que han contratado a Curbelo como estratega de campaña o vocero de prensa en español. Esos clientes son de conocimiento público. Pero los otros no lo son, lo cual ha provocado cuestionamientos de por qué Curbelo insiste en mantenerlos en secreto.

“El está violando el espíritu de las reglas”, dijo Adam Rappaport, principal asesor legal de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Etica en Washington (CREW), grupo liberal de control. “Técnicamente, él está explotando una laguna jurídica que le permite no divulgarlos”.

Aparte del Centro Médico Mount Sinai en Miami Beach, los únicos clientes privados que Curbelo ha admitido hasta el momento - presionado por un periodista en la televisión - son dos hermanos convictos de malversación de fondos en Ecuador. Curbelo dijo que él organizó reuniones en el Congreso a nombre de Roberto y William Isaías, cuya extradición está pidiendo el gobierno ecuatoriano. Los hermanos afirman que ellos son víctimas de persecución.

Curbelo sostiene que él responderá preguntas sobre cualquier cliente en particular, y lo ha hecho, pero no ha querido decir cuánto le pagó la familia Isaías.

Pero él califica la solicitud de una lista de clientes por parte del representante demócrata Joe García de “arbitraria”, y se niega a revelarla voluntariamente, señalando que ni las leyes estatales ni las federales lo obligan a hacerlo. No obstante, eso se debe sólo a que Curbelo puso su firma legal, Capitol Gains, bajo propiedad exclusiva de su esposa hace cinco años.

“Yo me atengo a las leyes”, dijo Curbelo en entrevista televisiva la semana pasada. Esta semana, él remitió las preguntas sobre la compañía a su vocero de campaña.

Políticamente, Curbelo ha apostado a que cualquier insistencia en el tema de la ética lo afectará a él menos que a García, cuyo ex jefe de despacho está en la cárcel y cuya campaña del 2010 sigue estando bajo una investigación criminal federal. No obstante, la posición de Curbelo ha permitido a García atacar al republicano con respecto a su alegación de que él es dueño de un negocio.

“Solamente existe un requisito para tener un negocio pequeño: hay que tener un negocio pequeño. El no lo tiene; su mujer es la que lo tiene”, dijo García. “Entonces no te puedes parar y decir: ‘Yo sé lo que es tener un negocio pequeño’. Tú eres un cabildero que trabaja para su mujer”.

Las leyes federales exigen a los candidatos que identifiquen a cualquiera que les pague más de $5,000 en los dos últimos años calendario. La falta de divulgación por parte de Curbelo llevó al Partido Demócrata de la Florida a presentar una queja en contra suya el mes pasado ante del Departamento de Justicia federal.

Pero, aunque el estatuto menciona la divulgación, el Senado y la Cámara de Representantes federales interpretan ese requisito de manera diferente, dijo Rappaport, el abogado de CREW.

El Senado exige la divulgación de clientes “aun cuando el pago de los clientes se haya hecho a su lugar de empleo, firma u otra afiliación de negocios”. La Cámara no va tan lejos, y exige divulgación “sólo si tiene un interés como propietario en su lugar de empleo”. Curbelo ya no lo tiene, porque su esposa es la dueña de la compañía.

Las reglas no cambiarían si Curbelo derrotara a García, dijo Brett Kappel, experto legal en relaciones del gobierno federal y abogado radicado en Washington que trabaja con el bufete legal Arent Fox. No se requeriría divulgación alguna sobre sus clientes, porque a los miembros del Congreso les está prohibido representar a nadie de manera privada, y punto.

“A ellos no se les permite brindar servicios ni representar a nadie ante el cuerpo del cual forman parte”, dijo Kappel.

Wadi Gaitán, director de comunicaciones de Curbelo, dijo que el candidato cortaría todos sus vínculos con su bufete de ser elegido.

Pero los votantes no se enterarían de todos modos de quiénes contrataron a Curbelo en el pasado, afirmó John Hennelly, consultor de campaña de García, quien hizo un paralelo entre todos los grupos conservadores no gubernamentales que han apoyado a Curbelo y sus clientes secretos.

“Si enviamos a Carlos Curbelo a Washington, ¿va a representarnos él a nosotros, o a los que le dieron $6.5 millones?”, dijo Hennelly.

Curbelo fundó Capitol Gains en el 2002. La firma, radicada en Coral Gables, tiene cuatro empleados, ha dicho Curbelo. Ninguno de ellos es su esposa, la cual aparece listada como propietaria. Una empleada, Nicole Rapanos, está sirviendo de gerente a la campaña de Curbelo, en la cual él aparece como el “directivo” de la compañía.

Hasta el 2009, Curbelo fue el único propietario de la firma. Entonces él puso Capitol Gains bajo el nombre de su esposa Cecilia, aconsejado, según él, por los abogados del Senado federal. En ese momento, Curbelo trabajaba para el entonces senador de la Florida George LeMieux.

El año pasado, Curbelo reportó un sueldo de $105,000. Su esposa no recibió sueldo alguno.

Curbelo reveló ese ingreso en su formulario de divulgación como candidato congresual. Además, él ha tenido que presentar formularios de divulgación anualmente al estado desde que ganó su puesto en la junta escolar en el 2010. Esos formularios exigen que se liste a los clientes únicamente si se cumplen tres requisitos, incluyendo que la persona que los llena sea propietaria de más del 5 por ciento de una compañía. Curbelo no los cumple, porque su esposa es la propietaria exclusiva de Capitol Gains.

Curbelo habría tenido que divulgar cualquier conflicto potencial de interés entre sus clientes y las personas o firmas que negocian con la junta escolar. El notificó al abogado de la junta de uno solo, en julio del 2011, informando que su firma había sido contratada por Genting East Coast USA, la gigante malaya de los casinos de destino turístico.

Los constituyentes tienen que aceptar como buena la palabra de Curbelo de que no hay otros conflictos, porque identificar a otros clientes suyos no es fácil.

Por ejemplo, Curbelo ha hecho en el pasado llamados a la prensa sobre Juan Carlos Tovar, inversionista inmobiliario de Miami procedente de Venezuela. Tovar enfrentó escrutinio con respecto a un proyecto en el Doral, y fue arrestado por breve tiempo el año pasado acusado de presentar un reporte policial falso, un cargo que más tarde fue retirado.

Curbelo dijo que Tovar nunca lo había contratado, y Tovar lo respaldó. Pero Curbelo presentó a Tovar a la prensa y habló positivamente acerca de él, lo cual pudo haber creado confusión sobre si Tovar era o no un cliente formal suyo.

En el caso de los hermanos Isaías, quienes viven en Miami, no hay documentos públicos que los vinculen con Curbelo. Sí existen registros de sus generosas contribuciones a políticos, incluyendo a Joe García.

©2014 El Nuevo Herald (Miami)

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