- Associated Press - Friday, January 30, 2015

Un peruano acusado de dirigir una operación ilícita que estafó a inmigrantes hispanos ha sido condenado en el tribunal federal de Miami a más de 17 años en la penitenciaría.

A la pena de prisión de 210 meses contra Juan Alejandro Rodríguez Cuya, de 35 años, le seguirá tres años de libertad supervisada por su vinculo a la firma Angeluz Florida Corporation y centros de llamadas de telemercadeo en Perú a través de los cuales engañaban y amenazaban a inmigrantes hispanos para obligarlos a pagar deudas inexistentes.

Además de la pena de prisión, Rodríguez también sufrirá la incautación de bienes, según un comunicado del Departamento de Justicia. En octubre, Rodríguez, que vive en Miami, fue encontrado culpable por un jurado cuyos integrantes deliberaron menos de dos horas después de un juicio de dos semanas ante la jueza de distrito Patricia A. Seitz.

Los 26 cargos en su contra incluyen conspiración, fraude postal, fraude electrónico e intento de extorsión. Su madre, María Luzula, se declaró culpable de todos los cargos en su contra a la mitad de su juicio el 18 de diciembre último y fue sentenciada a 165 meses de prisión.

“Las víctimas de este caso cuentan historias horribles de falsas amenazas proferidas en su contra — amenazas de incautación de bienes, de arresto e incluso a veces de deportación”, dijo la secretaria de justicia auxiliar Joyce R. Branda de la división civil del Departamento de Justicia. “El Departamento de Justicia estará especialmente vigilante en casos como el presente, en el que se busca explotar a comunidades específicas”.

Según las pruebas presentadas en el juicio, los empleados de los acusados en el Perú utilizaban llamadas telefónicas a través de internet para contactar a las víctimas hispanas en los Estados Unidos.

Las personas que llamaban acusaban falsamente a las víctimas de no aceptar la entrega de determinados productos o afirmaban que las víctimas debían miles de dólares en multas y exigían su pago.

En realidad, las víctimas nunca habían ordenado estos productos y por ende ninguno había sido entregado.

Evidencia adicional en el juicio estableció que los empleados del centro de llamadas en Perú afirmaban a sus victimas que podían resolver las multas si inmediatamente pagaban una “cuota de liquidación”.

Las personas que se rehusaban a pagar eran entonces amenazadas con arresto, deportación o incluso la incautación de sus bienes.

Miles de víctimas sucumbieron a estas amenazas e hicieron pagos indebidos sobre deudas inexistentes.

Las víctimas que testificaron en el juicio hablaron de lo nerviosos que se ponían cuando las contactaban por teléfono. Las víctimas tenían tanto temor que en una audiencia estas dijeron que todavía se ponen nerviosos cuando suenan sus teléfonos.

©2015 El Nuevo Herald (Miami)

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