- Associated Press - Sunday, March 1, 2015

Por años, las autoridades de inmigración han aclamado como un éxito el crecimiento anual de las deportaciones de extranjeros que han sido condenados por delitos graves o capturados por vivir o trabajar en los Estados Unidos sin papeles.

Lo que las autoridades no han puesto de relieve es el crecimiento simultáneo del número de extranjeros previamente deportados que han logrado regresar a Estados Unidos ilegalmente, ya sea a través de la porosa frontera con México o viajando en embarcaciones desde las Bahamas al sur de la Florida.

Mientras que los regresos ilegales anuales no son tan numerosos como las deportaciones, con el paso del tiempo contribuyen a erosionar el valor atribuido a las deportaciones.

Por ejemplo, en el año fiscal 2012 fueron deportados al menos 409,849 inmigrantes indocumentados. Sin embargo, durante el mismo período, más de 160,000 extranjeros previamente deportados regresaron ilegalmente. Tres años más tarde, más o menos el mismo número de personas deportadas en el 2012 han regresado, según expertos en inmigración.

Los regresos no sólo socavan las afirmaciones de éxito en cuanto a controles migratorios, sino que también ponen de relieve la ineficacia de la seguridad fronteriza, dicen los expertos. Los fiscales federales presentaron casi 20,000 casos criminales contra extranjeros previamente deportados que regresaron en el 2012 y han presentado cerca de 19,000 casos por reingreso ilegal en los tribunales federales todos los años desde el 2009.

Pero esas cifras reflejan sólo los casos que han sido procesados??. No se sabe con precisión cuántos extranjeros previamente deportados regresan cada año sin ser procesados ??o detectados. Pero los expertos creen que el número de reingresos ilegales cada año es considerable.

Dan Cadman y Jessica Vaughan, del Centro de Estudios de Inmigración (CIS), que han investigado el tema, estiman que alrededor del 25 por ciento de todos los extranjeros detenidos anualmente por las autoridades de inmigración han sido deportados previamente. Eso significa que en el 2012, cuando 643,474 extranjeros fueron detenidos por las autoridades, más de 160,000 habían sido deportados previamente.

“En los últimos años, la cifra de detenciones de extranjeros que fueron deportados previamente se ha mantenido alrededor del 25 por ciento del total de detenciones”, dijo Cadman, un ex funcionario del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y su agencia sucesora – la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE).

Funcionarios de inmigración familiarizados con las deportaciones y los regresos ilegales de inmigrantes previamente deportados no quisieron hacer comentarios.

Pero ICE emitió un comunicado que dice: “ICE se centra en hacer cumplir la ley de inmigración en forma eficaz dando prioridad a los que amenazan la seguridad nacional y pública. Los delincuentes que regresan siguen siendo un objetivo prioritario para el control migratorio y los procesos judiciales, según corresponda”.

Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes dicen que los extranjeros previamente deportados regresan porque muchos han dejado atrás propiedades o familias.

“Regresan porque aqui han hecho sus vidas”, dijo Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña Francisco Morazán con sede en Miami. “Hay encontrado un buen futuro. Regresan porque han dejado familares, hijos esposas, esposos y la falta de oportunidades en nuestros paises y huyendo de la violencia”.

Portillo citó como ejemplo el reciente y trágico caso de su amigo José Amilcar Canales, un hondureño de 34 años, que había vivido en el sur de Florida por 14 o 15 años sin documentos migratorios. Hace un año lo detuvo la policía por manejar sin licencia y poco despuées fue deportado dejando atrás a su joven hija de 12 años nacida aquí. Hace dos semanas intentó volver a Estados Unidos ilegalmente nadando a través del Río Bravo, cerca de McAllen, Texas, y se ahogó. Su cadaver fue enviado de regreso a Honduras el viernes pasado.

El anuncio del número de deportaciones como logro de los controles migratorios, se convirtió en un ritual anual para ICE en los últimos años. Pero en noviembre del 2014, el presidente Barack Obama ordenó un cambio en la política de deportación en parte para frenar las fuertes críticas contra sus prioridades.

Llegó un momento en que tantas deportaciones estaban ocurriendo que incluso algunos aliados políticos del presidente lo denunciaron públicamente. Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la organización de defensa latina más grande del país, sorprendió a la administración cuando llamó a Obama “deportador en jefe”.

El cambio en la política de Obama, anunciado el 20 de noviembre, incluyó una nueva prioridad para las deportaciones, centrándose mayormente en la expulsión de delincuentes peligrosos. También ofreció el presidente indultos contra la deportación a casi 5 millones de inmigrantes indocumentados que no tengan antecedentes penales graves y que sus hijos sean ciudadanos o residentes.

El programa de protección contra la deportación de Obama ahora está bloqueado debido a la orden de un juez federal en Brownsville, Texas, que emitió su dictamen el 16 de febrero describiendo la nueva política presidencial como defectuosa porque no cumplió con ciertos reglamentos federales y porque propone no sólo proteger a millones contra la deportación, sino que les ofrece beneficios migratorios.

El juez, sin embargo, no impidió las nuevas prioridades de deportación, que se espera reduzcan drásticamente en los próximos años las deportaciones de indocumentados sin antecedentes penales. Antes de que Obama tomara posesión como presidente en 2009, la mayoría de los deportados eran inmigrantes detenidos por no tener papeles, pero no tenían antecedentes penales.

Luego que Obama se convirtió en presidente, las prioridades de deportación empezaron a cambiar. Poco a poco, el número de deportaciones de delincuentes convictos comenzó a crecer, y el de indocumentados sin antecedentes penales a disminuir. En la actualidad, los delincuentes conforman la mayoría de los deportados. Las cifras para el año fiscal 2013, por ejemplo, muestran que casi el 60 por ciento de los deportados por ICE, 368,644 personas, eran extranjeros con antecedentes penales.

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