- Associated Press - Sunday, March 1, 2015

El alcalde de Doral, Luigi Boria, inauguró el sábado por la tarde un reloj digital en el restaurante El Arepazo 2 para contar los días que han pasado desde que el presidente Barack Obama firmó la ley de sanciones contra venezolanos acusados de violar derechos humanos, pero que aún no entran en vigor.

Boria, en un discurso poco antes de develar el reloj, dijo que es una forma creativa de parte del exilio venezolano para incrementar la presión sobre la Casa Blanca para que acelere la implementación de las sanciones que Obama adoptó como ley cuando firmó la legislación, el pasado 18 de diciembre.

“Es una de esas ideas brillantes, que son muy apropiadas para que nosotros, de alguna manera, pongamos presión a los oficiales electos para que ejecuten sus funciones con honor”, dijo Boria, que es originalmente de Venezuela. “Necesitamos que ya el gobierno de Estados Unidos tome acciones para que pare todo ese crimen y todo esa violación de los derechos humanos de este gobierno dictatorial que tenemos en Venezuela”.

Las palabras de Boria y de los otros asistentes al evento en Doral, cerca de la esquina de la 79 avenida del noroeste y la calle 36, constituyeron no solo una crítica al gobierno federal por no poner en vigor las sanciones, sino también una expresión de falta de confianza en la administración del presidente Barack Obama.

“Tenemos que reconocer que en la administración de este país no hay un amigo”, dijo el comisionado de Miami-Dade, Esteban Bovo, oriundo de Cuba. “Todo lo que ha pasado se ha logrado porque lo han forzado a tener que hacerlo”.

Según el reloj del Arepazo 2, para el sábado habían pasado 73 días desde que Obama firmara la ley de sanciones.

La ley exige la revocación de visas y el congelamiento de bienes en Estados Unidos de funcionarios venezolanos a los que las autoridades federales identifiquen como responsables de violar los derechos humanos durante las protestas callejeras.

Fue el miércoles pasado que el Secretario de Estado de EEUU, John Kerry, admitió ante un comité del Congreso que la administración aún no pone en vigor las sanciones.

La razón por la que la Casa Blanca aún no ha congelado los activos en Estados Unidos de los venezolanos acusados de violar derechos humanos, es porque esto es parte de un proceso largo.

“La ley la estamos implementando”, dijo Kerry. “Todo el mundo piensa que se puede hacer en un día, pero hay un número de requisitos muy específicos en la ley que se necesitan preparar”.

Kerry respondió así a una pregunta de la congresista republicana de Miami, Ileana Ros-Lehtinen, autora de la legislación firmada en diciembre por Obama. Kerry compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.

Ros-Lehtinen y los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo estaban invitados al evento del Arepazo 2 pero no pudieron asistir debido a que el viernes trabajaron tarde en Washington sobre la polémica ley de financiamiento para el Departamento de Seguridad Interna (DHS).

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